Como cualquier profesor e investigador miro con enorme preocupación la desinformación con la que acompaña el gobierno la desfinanciación de la educación y del sistema de ciencia y tecnología. El presupuesto para la universidad pública de este año es el más bajo desde 1997, desde que hay registro, a valores constantes (más bajo que el de 2002, por ejemplo), según ACIJ. Los presupuestos indican las prioridades de los gobiernos. Veo esto como un agravamiento de un ambiente en donde el conocimiento deja de tener relevancia, la universidad o la ciencia ya no tienen autoridad epistemológica. En un debate público completamente desregulado, como en Cambalache “da lo mismo un burro que un gran profesor”, la investigación que el tópico, el argumento que el eslogan, el diálogo que el ataque.
Trabajo en la universidad privada desde hace treinta años, pero toda mi formación -desde el jardín de infantes hasta el doctorado- la adquirí en la educación pública. El secundario en el Colegio Nacional de San Isidro, la universidad en la UBA y en la UNLP. Eso te marca. Empecé mi carrera docente en la UNLP, como jefe de trabajos prácticos, en cargos concursados. También mi carrera de investigador la inicié en la universidad pública, sede de una beca del Fondo Nacional de las Artes y de la beca doctoral del CONICET. Cuando entré como investigador del CONICET, el Instituto de Lingüística de la UBA fue mi primer lugar de trabajo. Continúo en constante interacción con la universidad pública, como profesor invitado, evaluador de carreras o de proyectos de investigación y demás. Ese intercambio entre la universidad privada y la estatal es constante en todos los niveles.
El ajuste se camufla con denuncias a las universidades públicas por adoctrinamiento. Puede ser que haya propuestas hegemónicas en algunas facultades, en algunos momentos. Pero los concursos públicos periódicos de las cátedras, con todas las imperfecciones que puedan tener, constituyen un recaudo que las universidades privadas no suelen tener. La idea de adoctrinamiento esgrimida por un gobierno tan cargado ideológicamente y tan reacio a la crítica es más bien sospechosa de querer reemplazar una doctrina por otra. ¿No consiste, por ahora, la comunicación gubernamental con la sociedad en un adoctrinamiento permanente? Además, la idea del adoctrinamiento sistemático supone una consideración muy pobre de los alumnos universitarios, de su capacidad de crítica y debate.
En el último ranking de QS, la UBA se ha posicionado entre las 50 mejores universidades del mundo en seis carreras: Letras (Lenguas Modernas) aparece en el puesto 21 en su categoría a nivel mundial. Antropología (puesto 24), Derecho (puesto 26), Ingeniería en Petróleo (26), Sociología (40) y las carreras del área de Arte y Diseño (46). Yo empecé la carrera de Letras en la UBA y la completé en la UNLP. Luego dediqué mi vida académica a la comunicación.
El otro argumento con el que se quiere distraer a la población del ajuste en Educación es que las universidades públicas son lugares de negociados y que la universidad reacciona como todas las otras áreas a las que se le están cortando privilegios. Seguro que hay mucho que mejorar en la eficiencia de la gestión del presupuesto de las universidades públicas. Pero detrás de este discurso lo que hay es el deslizamiento en el relato contra la casta del que estamos siendo testigos. En el discurso de asunción de Javier Milei nos enteramos que la casta era el Estado: no los dirigentes políticos sino los trabajadores del Estado.
No conozco ningún investigador del CONICET o profesor de la UBA u otra universidad pública que se haya hecho millonario ahí. Al contrario, me impresiona la productividad en docencia e investigación que tienen con los magros sueldos que perciben. Es más, cargan el peso del sistema educativo sobre sus espaldas. Según los rectores del CIN, el retraso de fondos es el necesario “para gastos de funcionamiento y becas estudiantiles, actualización de salarios docentes y no docentes y reactivación de las políticas de ciencia, investigación y extensión y el financiamiento de obras». El último comunicado del CIN explica bien la simbiosis entre universidad y ciencia (que aplica al sector privado).
68 ganadores de premios Nobel hicieron llegar al presidente Milei la carta: “El sistema científico argentino se acerca al precipicio”. Ahí muestran su preocupación por la eliminación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el despido de empleados administrativos del Conicet y otros institutos y la terminación anticipada de contratos, expresando el temor de que “la Argentina esté abandonando a sus científicos, estudiantes y futuros líderes de la ciencia”.
El ranking Scimago 2024 ubica al Conicet como la mejor institución gubernamental de ciencia de América Latina. El organismo ocupa el puesto 20° entre 1870 instituciones de todo el mundo, antes incluso que la NASA. Puede haber fallas en el sistema de incorporación de becarios y de promoción en el CONICET, pero hay un método de evaluación controlado y que se ha ido perfeccionando. Además, venía haciendo un enorme esfuerzo para impulsar proyectos de transferencia al sistema productivo.
También renunciaron los miembros del directorio de la Agencia I+D+i, porque el gobierno sólo ha ejecutado un 0.64% de los 80.000 millones destinados por la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. “El año pasado se gestionaron un total de 3000 proyectos de investigación, desarrollo e innovación, que involucraron el trabajo de 9000 destacados especialistas en distintas áreas de conocimiento”, explicaron. Como el CONICET, la agencia también privilegiaba proyectos de impacto en la Economía. Es responsable de la creación de 200 empresas de base tecnológica y de la aprobación de 1700 proyectos a pymes tecnológicas.
Puede ser que Educación y Ciencia merezcan un redimensionamiento, pero lo que queda claro es que el gobierno no tiene un proyecto alternativo para estas áreas críticas para el desarrollo del país. Es el lugar de formación del talento profesional y de retención para el país de su capa más lúcida. En otro orden, ir contra le educación pública es un error político importante: le da en el centro a la clase media a la que pertenecen no solo profesores y estudiantes sino también los padres -sobre todo las madres que apuestan todo el futuro a los estudios universitarios de sus hijos- que quedarán muy molestos si se complica la carrera del 80% de los universitarios del país.